Un informe publicado recientemente revela cómo las mafias controlarían una economía criminal que establecerían precios, castigos y peajes dentro de los centros penitenciarios de Ecuador.
Pagar $ 20 por un litro de aceite o hasta $ 5 por una pastilla de paracetamol formarían parte de la vida cotidiana en las cárceles del país.
El estudio Captura carcelaria: la gobernanza criminal en el sistema penitenciario de Ecuador, publicado por el investigador Renato Rivera Rhon para la Iniciativa Global Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC, por sus siglas en inglés), describe la economía criminal paralela que operaría dentro de los centros de privación de libertad, donde las organizaciones delictivas controlan el acceso a bienes básicos, servicios, seguridad y hasta la integridad física de los internos.
Según el informe, la supervivencia dentro de la prisión se mide en dólares y recae directamente sobre las familias.
Dentro de este mercado cerrado, los precios rompen cualquier referencia externa. En base a entrevistas con exfuncionarios, abogados y personal de inteligencia, el informe señala que una botella de aceite o una funda de harina podría costar hasta $ 20, mientras que una pastilla de paracetamol se vendería entre $ 3 y $ 5, frente a un precio promedio de $ 0,30 en el mercado formal. Estos valores altos reflejan, según el documento, el control total de las bandas sobre el suministro interno.
La higiene y la salud también tienen tarifa
La gobernanza criminal se extiende a la higiene y la salud. De acuerdo con el informe, una toalla sanitaria alcanzaría un valor de $ 20, lo que convierte necesidades biológicas básicas en bienes de lujo.
El estudio advierte que las mafias se convierten en proveedores de insumos, imponiendo tarifas que funcionan como mecanismos de dominación.
El costo más alto, sin embargo, se pagaría por reducir el riesgo de violencia. El informe describe el «sistema de enganche», un pago inicial de alrededor de $ 1.500 que las familias deben cubrir para que el interno acceda a un pabellón considerado menos violento. Esto no garantiza seguridad permanente, sino una tregua condicionada al cumplimiento de nuevas cuotas, según el documento.
La economía carcelaria también incluiría un tarifario para el ingreso de armas. Según el estudio de Rivera, introducir un revólver podría costar cerca de $ 4.000, mientras que un fusil de asalto alcanzaría los $ 15.000. Estos valores, señala el informe, evidencian redes de complicidad que permiten atravesar controles penitenciarios y militares.
Otro eje central del sistema es el manejo del dinero externo. El informe detalla la existencia de “bazares”, estructuras internas que administran las transferencias enviadas por las familias. Cada operación pagaría una comisión del 10 %, lo que asegura un flujo constante de recursos para las organizaciones criminales, incluso en contextos de requisas y militarización.
En las últimas semanas, operativos estatales redujeron el uso de efectivo dentro de algunas cárceles, pero el informe advierte un aumento de transferencias digitales controladas desde el exterior. Este cambio demuestra, según el análisis, la capacidad de adaptación de la economía criminal frente a la presencia del Bloque de Seguridad.
La corrupción sostiene el negocio
El documento atribuye la expansión de este sistema al hacinamiento, la precariedad y la ausencia de provisión estatal efectiva. Mientras el Estado no garantice alimentos, medicinas y condiciones mínimas, el mercado ilegal seguirá siendo la única opción disponible para los internos.
El informe también detalla cómo esta economía se sostiene mediante un esquema de corrupción institucionalizada. Según las estimaciones citadas, entre el 20 % y el 30 % del valor de las transacciones ilícitas se destinarían a sobornos para guías penitenciarios, policías, militares y directores de los centros. Estos pagos permitirían el ingreso de bienes, el control de pabellones y la continuidad del sistema.
La investigación identifica castigos sistemáticos para quienes no pueden pagar, entre ellos figuran el traslado a celdas conocidas como “cuarentena” o la “caja de fósforos”, espacios sin ventilación ni luz natural, donde los internos permanecen retenidos hasta que sus familias cubren la deuda. El informe también documenta amenazas y agresiones grabadas en video para presionar los pagos.
Extorsión a las familias desde el exterior
Otro componente clave son las llamadas ‘vacunas’ familiares, un esquema de extorsión con el que las bandas cobran por protección. Según el informe, antes de las masacres carcelarias estos pagos rondaban los $ 150, pero tras los episodios de violencia escalaron hasta $ 400 y en 2025 alcanzaron $ 1.500 en complejos como el Guayas.
Según el estudio, el impacto económico recae de forma desproporcionada sobre mujeres —madres, parejas y hermanas—, quienes asumen la carga financiera para evitar represalias contra los internos. El documento advierte que incluso personas con condenas cortas temen salir de prisión si mantienen deudas pendientes con las bandas.
La economía criminal también controlaría el acceso a vivienda interna. Según el informe, el espacio de una cama puede costar entre $ 200 y $ 300 semanales, además de pagos adicionales por limpieza y ocupación. Un colchón podría alcanzar los $ 200, mientras que para alimentos se cobraría entre $ 5 y $ 10.
El Estado, a través del ente encargado del sistema carcelario, ha ratificado que se garantizan derechos básicos como la alimentación y salud en las prisiones.
En el análisis, Rivera Rhon detalla que las cárceles funcionarían como microeconomías altamente rentables, donde cada transacción se reporta de forma jerárquica a cabecillas internos y estructuras externas. Una parte de estos recursos, agrega el informe, se canalizaría incluso mediante contratos públicos adjudicados a empresas fachada vinculadas a redes criminales.
Según el informe, mientras el control financiero de las mafias se mantenga intacto, las cárceles seguirán funcionando como mercados cerrados donde la supervivencia tiene precio. En ese sistema, una pastilla, una cama o la vida misma dependería de cuánto dinero pueda pagar una familia afuera.
El analista plantea una serie de recomendaciones, entre esas la implementación de una política integral de rehabilitación social, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y anticorrupción; así como el rediseño de la asignación de los reclusos en función del riesgo y la capacidad institucional; además regular en economato y los flujos internos de recursos; limitar los riesgos asociados a las unidades de inteligencia penitenciaria; integración de las reformas de la gobernanza penitenciaria con estrategias más amplias de seguridad política y comunitaria; y el fortalecimiento de la coordinación con mecanismos regionales y multilaterales. (I)